El joven de 22 años acusado de atropellar mortalmente a Francisco Romo el 26 de marzo de 2021 empleó ayer el derecho a la última palabra para volver a pedir perdón a la familia de la víctima: «Pido perdón a la familia, aunque eso no los libre del dolor». En la segunda y última sesión del juicio contra él, reiteró que no pudo esquivarle y afirmó que había cambiado su conducta. Está acusado de los delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y contra la seguridad vial por los que afronta una pena de diez años de cárcel. Su defensa pide que se tengan en consideración las circunstancias personales y ambientales de la zona del accidente así como el atenuante de drogadicción y solicita una pena de dieciocho meses por un homicidio culposo por imprudencia menos grave y seis meses más por no haber parado a atender a la víctima.

Resarcida la responsabilidad civil por la compañía de seguros en su momento, en la jornada de ayer se discutió la indemnización a la viuda con dos cálculos diferentes sobre la mesa. El tercer perito llamado a declarar fue el autor del informe adjunto al atestado de la Policía Local sobre la correcta iluminación de la zona, algo en lo que no está de acuerdo la defensa. Y el cuarto perito fue la psicóloga clínica de Amigos contra la Droga, que confirmó el problema de drogadicción que tenía el acusado desde hacía tiempo y la «buena evolución» que presenta en la actualidad, tras haber sido admitido a tratamiento en noviembre de 2021.

Explicó que el joven ya había solicitado tratamiento en mayo de aquel año, pero no se le pudo admitir por falta de plaza. En noviembre fue la madre la que volvió a pedirla con éxito. Detalló que se había iniciado en el consumo de cannabis con once años y a los quince probó la ketamina y la cocaína, con la que desarrolló una fuerte adicción. El hecho de que su padre fuera consumidor de heroína generó «un ambiente familiar de mayor permisividad y que sus modelos no fueran los mejores».

Concluidas las declaraciones de los peritos, tanto Fiscalía como acusación particular se mantuvieron en su postura inicial y reclamaron la condena del acusado porque, en palabras del Ministerio Público, tuvo «una conducta absolutamente asocial». «Venía haciendo rally a una velocidad elevada tras haber consumido drogas y alcohol. Venía de una juerga y, a pesar de matar a una persona, sigue sin prestar ninguna atención. Ni siquiera hizo ademán de frenar», subrayó. No lo hizo, además, en una carretera cualquiera sino «en el centro de Avilés».

El abogado de la familia se remitió a las declaraciones de los testigos para apuntalar la existencia de un delito contra la seguridad vial y rechazó una de las tesis de la defensa, la falta de iluminación. «Para cualquier conductor normal estaba perfectamente iluminado», indicó. Sobre la omisión del deber del socorro, se remitió a las indicaciones de que parara el coche que le hicieron sus acompañantes y que él mismo reconoció.

Su defensa insistió en la falta de pruebas sobre el consumo de alcohol antes del accidente y rechazó el informe policial sobre este extremo. Insistió en que la ingesta había sido después. Rechazó el informe de la Policía Local sobre la velocidad que podía llevar y lo calificó de «muy deficiente» al echar de menos en él variables como, por ejemplo, el peso de la víctima que ayudaría a precisar mejor la velocidad. Recordó que los airbag no saltaron, «lo que abona la tesis de que mi defendido no iba a una velocidad superior a 50 kilómetros/hora». En cualquier caso, sí se mostró de acuerdo con la apreciación policial de que el conductor «no tuvo tiempo de reacción».

Incidió en que no había buena iluminación porque, a pesar de la farola a escasos metros del paso de peatones, la lona sobre el andamio que había en la acera no permitía ver al peatón y «lamentablemente no asomó la cabeza antes y empezó a caminar». La ropa oscura que vestía la víctima habría dificultado también, en su opinión, su visión.

«El mal está hecho y tendrá que pagar por ello. Pero ahora no es la misma persona que era antes», concluyó.