Sobre las seis de la tarde del 1 de octubre de 2019 se producía el último cok en Avilés, concluía así la historia de 63 años de las baterías de cok de Ensidesa y arrancaba el complejo proyecto para recuperar estos suelos para la implantación de nuevas industrias. Tres años después, los plazos iniciales ya suman más de un año de retraso, fundamentalmente por complicaciones en la tramitación y contratación. De esta forma, las previsiones iniciales de que a finales de 2023 los terrenos estuvieran ya a disposición de nuevas empresas se han alargado ahora hasta comienzos de 2025. Eso de momento, porque si los trámites administrativos que están ahora en marcha (licencia de demolición y modificación del Plan General de Ordenación Urbana) no comienzan a resolverse, esa previsión tendría que volver a ser revisada.

Después de la adjudicación de los trabajos de demolición a la unión temporal de empresas formada por Erri Berri y Afesa en un complicado concurso que arrancó en septiembre de 2020 y concluyó a finales de 2021, los trabajos pudieron iniciarse por fin el pasado mes de febrero. La primera fase, que era de limpieza de todo el material disperso por las instalaciones siderúrgicas, concluyó después de Semana Santa y en mayo arrancó la segunda para el achatarramiento de depósitos y racks, que está cumpliendo plazos y concluirá en tres meses.

De esta forma, el derribo propiamente dicho de las baterías de cok debería comenzar en enero de 2023, siempre que para entonces la licencia esté concedida. Sepides, el Parque Empresarial Principado de Asturias, presentó el pasado mes de julio ante Medio Ambiente el proyecto elaborado por la contrata para efectuar estos trabajos que tirarán abajo las 36.000 toneladas de hormigón y otros materiales de las diez baterías de cok.

Cuando el Principado resuelva favorablemente sobre el proyecto presentado, todavía restará otro trámite, la petición de licencia de obra al Ayuntamiento. Para que no se viva un nuevo parón en estos trabajos que aportarán suelos para empresas a la ciudad sería necesario que se resuelva esta licencia en este último trimestre del año, primero por parte de la Consejería de Medio Ambiente y luego por el Ayuntamiento. Si finalmente sucede así, la demolición de las baterías de cok comenzará el próximo mes de enero y, si no surgen nuevas complicaciones, concluirá en diez meses para dar paso a la fase de urbanización de los terrenos.

Y en este intento para que haya una continuidad en los trabajos de puesta en valor de estos suelos y cumplir el último plazo marcado de que en 2025 se puedan asentar nuevas empresas en ellos, también comienza a urgir que se afronte la necesaria modificación del PGOU para que así se pueda redactar el proyecto de urbanización, se liciten los trabajos y se cuente con licencia municipal para que a finales de 2023 pueda arrancar una urbanización que se concluiría en un año.

Sepides presentó en junio toda la documentación sobre la modificación del Plan al Ayuntamiento. Inicialmente se preveía su aprobación por el Pleno de agosto. No ha sido así y ahora se espera que pueda ser en el de este mes de octubre. Se trata de un trámite que suele alargarse un año como mínimo, por lo que se antoja complicado que cuando finalice la demolición pueda estar ya sobre la mesa de Sepides la licencia para la urbanización del suelo liberado, a no ser que las administraciones (Ayuntamiento y Principado) den máxima prioridad al proyecto y traten de acortar tiempos.

Mientras, también en estos tres años se han llegado a acuerdos entre administraciones sobre la comercialización de estos terrenos, aunque la imposibilidad de confirmar un plazo para que el suelo esté disponible para las empresas dificulta esta labor.